Bolivia podría obtener $us 1.700 millones por renta petrolera por la explotación en cinco áreas hidrocarburíferas

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(La Paz, 17 de ulio, Viceministerio de Comunicación).- El viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta, destacó este domingo que el Estado podría obtener una renta petrolera de $us 1.700 millones por la explotación de cinco áreas hidrocarburíferas en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, cuya autorización para la suscripción de contratos fueron enviados a la Asamblea Legislativa.

“Los cinco contratos, en caso de éxito (en la exploración y después explotación), van a aportar al crecimiento del país con una renta petrolera de 1.700 millones de dólares y estos 1.700 millones de dólares están considerados para todo el periodo de explotación que abarca alrededor de 11 años para estos contratos”, informó la autoridad gubernamental al programa “Las 7 en el 7. La verdad de los hechos” que se emite por Bolivia Tv.

Explicó que la inversión alcanza a $us 582,2 millones para las labores de exploración y explotación en las áreas de Ovai, Florida Este (Santa Cruz), Carandaiti (Chuquisaca), Sayurenda y Yuarenda (Tarija). Estas regiones tienen importantes potenciales de gas y petróleo que generarán grandes recursos económicos para los bolivianos.

Mayta señaló que estos nuevos contratos se enmarcan en el Plan de Reactivación del Upstream que lleva adelante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con el objetivo de atraer nuevas inversiones para dinamizar el sector hidrocarburífero en el país.

Informó que en pasados días se remitieron a la Asamblea Legislativa Plurinacional cinco anteproyectos de ley para solicitar la autorización de la suscripción de nuevos contratos de servicios petroleros que viabilizan la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas del Pie de Monte de Santa Cruz, el chaco chuquisaqueño y el chaco tarijeño.

Adelantó que las áreas mencionadas tienen un gran potencial hidrocarburífero en gas y petróleo, por lo que resta lograr la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.