Cámara de Diputados sanciona “Ley de inmunidad” y UD denuncia que el MAS intenta “dar impunidad a delincuentes”

Mensaje de error

Notice: Array to string conversion en arthemia_breadcrumb() (línea 28 de /var/www/html/comunicacion/sites/all/themes/arthemia/template.php).

La Paz, 14 de enero de 2020 (MC).- La Cámara de Diputados sancionó este martes el proyecto de Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos o de Garantías Constitucionales —también conocida como “Ley de Inmunidad”—, y la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación, a sabiendas que la cuestionada norma no será promulgada por la presidenta constitucional Jeanine Áñez.

"Es una ley que pretende dar impunidad a ‘delincuentes’ que han creado zozobra todo este tiempo", manifestó el diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, en el pleno camaral, y denunció que la norma fue agendada vía correspondencia, sin respetar los pasos y la normativa parlamentaria para la aprobación de leyes.

"(Los promotores de esta ley) son diputados que han ido a recibir órdenes a Argentina —donde está refugiado el expresidente Evo Morales— para venir a seguir bloqueando nuestro país, a seguir incomodando a este Gobierno (...) Están cumpliendo su trabajo queriendo imponer otra vez esta ley de impunidad masista, están cometiendo errores administrativos muy grandes y en el interior de la ley también", añadió Barral, citado por la estatal agencia de noticias ABI.

La norma legal sancionada por diputados del MAS es rechazada por el Gobierno nacional, porque —asegura— garantiza la impunidad de exautoridades de la administración de Morales, procesadas por la presunta comisión de graves delitos penales como corrupción, terrorismo, sedición y daño económico al Estado, entre otros.

Según un reporte del diario La Razón, la norma extiende su alcance a extranjeros y establece que debe garantizarse la plena vigencia de derechos para los líderes sociales, cívicos y políticos, además para las personas movilizadas del campo y la ciudad.

También prevé el resarcimiento económico en favor de las familias de los muertos y heridos en las protestas sociales de octubre y noviembre. Más de 30 personas perdieron la vida, la mayoría en los hechos de violencia de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) por heridas de bala.

El parágrafo primero del artículo 7 establece: “El Estado, a través  de sus órganos y sus  institucionales competentes garantizarán el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para los bolivianas y bolivianos, extranjeras y extranjeros residentes en Bolivia, comprendiendo entre estos a los líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos y políticos, así como personas movilizadas del campo y la ciudad en todo el territorio nacional”.

El parágrafo siguiente añade: “Las bolivianas y bolivianos, los extranjeras y extranjeros  residentes en Bolivia para el resguardo efectivo de sus derechos que consideren estén siendo vulnerados, amenazados, hostigados o consideren que su vida,  integridad física y/o sus bienes estén en riesgo, a sola denuncia verbal o escrita ante autoridad competente deberán  activar de manera inmediata las acciones necesarias, pertinentes y eficaces”.

La madrugada del 11 de enero pasado fue aprobada en sus estaciones en grande y en detalle en la Cámara de Senadores y fue devuelta a la Cámara de Diputados (Cámara de origen)  porque sufrió modificaciones.

En ese contexto, la presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), advirtió con promulgar el proyecto de ley en caso de que la presidenta Áñez no lo haga en un plazo de 10 días, como establece las normas vigentes.

Por su parte, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, aseguró el lunes que el Gobierno constitucional de Áñez buscará “neutralizarla jurídicamente” la “Ley de Inmunidad” con su remisión al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).