Gobierno boliviano denuncia a la comunidad internacional intento de golpe de Estado

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La Paz, 08 de noviembre de 2019 (MC).- El gobierno nacional denunció este viernes ante la comunidad internacional el intento de golpe de Estado que llevan adelante algunos dirigentes de los movimientos cívicos bajo el liderazgo del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y el jefe de la alianza política Comunidad Ciudadana (CC), Carlos de Mesa (Foto: La Voz de Tarija).

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores desveló que el plan subversivo pretende la toma de la Casa Grande del Pueblo, en el marco de una confusión generada por denuncias de CC y de la oposición cívica sobre un presunto fraude —sin prueba alguna que la respalde— en el cómputo de votos de las elecciones del pasado 20 de octubre.

Asegura que “el Gobierno boliviano, a solicitud del Tribunal Supremo Electoral, solicitó a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la realización de una auditoría integral al cómputo oficial de votos, con el fin de garantizar la mayor transparencia de este proceso”.

De igual manera, señala que en aras de la transparencia “se invitó a Paraguay, México, España y Naciones Unidas para que puedan acompañar la Auditoría Electoral, proceso que se lleva a cabo desde el 31 de octubre y se prevé su finalización el 13 de noviembre”.

Sin embargo, indica que grupos cívicos, así como la alianza de Carlos de Mesa, que en principio aceptó las condiciones las condiciones de la auditoría integral en conversaciones con la OEA, rechazan sin mayor argumento el proceso de auditoría internacional.

El comunicado de la Cancillería boliviana denuncia que esa actitud dual del candidato perdedor de las elecciones del 20 de octubre devela “que las denuncias de fraude sólo fueron argumentos para generar caos y enfrentamiento entre bolivianos con el objetivo de derrocar al Gobierno constitucional”.

Asegura que no otra cosa significa que los dirigentes cívicos y de oposición día a día implementen acciones antidemocráticas que van en contra de la Constitución y las leyes, como la quema de instituciones electorales, oficinas públicas, persecución a dirigentes campesinos, obreros y personas con alguna afinidad con el partido en función de gobierno.

Además, los golpistas convocan a las Fuerzas Armadas a desconocer al Gobierno constitucional y conminan al presidente Evo Morales para que renuncie a la Presidencia del Estado Plurinacional en un plazo de 48 horas.

En ese contexto, el Gobierno boliviano rechaza todo acto de violencia y ratifica su confianza en el rol de la Comunidad Internacional para coadyuvar en la preservación del Orden Constitucional en el país.