APRUEBAN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2012-2017
La Paz, 16 de marzo (ABI).- El Gobierno, las gobernaciones y los gobiernos municipales aprobaron el viernes en La Paz el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra el Crimen 2012-2017, como resultado de las cumbres de Santa Cruz y Tarija.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, después de recibir el documento, explicó que el plan abarca la prevención, el control de expendio y consumo de alcohol y drogas, inseguridad vial, violencia y atención de desastres naturales y dificultades sociales.
Al destacar los alcances del plan, aseguró que se constituirá en una dinámica importante para responder a la demanda ciudadana como una obligación del Gobierno, articulando esfuerzos con todos los sectores de la sociedad.
Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, afirmó que el Plan permitirá coordinar y promover la implementación de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, mediante normas, planes, programas y proyectos, con el objetivo de optimizar la lucha contra el delito, en el contexto nacional, departamental, regional y local.
Informó que para lograr esos propósitos, se fortalecerá la normativa nacional.
Asimismo, dijo que fortalecerá el funcionamiento de los Consejos de Seguridad Ciudadana que tendrán amplia participación social y el rol de controlar y fiscalizar, no sólo los recursos económicos, sino las acciones propuestas en el marco del respeto a los derechos humanos, corresponsabilidad y participación ciudadana.
También, se coordinarán programas preventivos dirigidos a la sociedad civil, implementando métodos de evaluación para monitorear la incidencia delictiva y la violencia a objeto de retroalimentar las tareas preventivas u operativas en seguridad ciudadana.
El Gobierno, las gobernaciones y las alcaldías coordinaron también las estrategias para fortalecer el sistema normativo, el fortalecimiento a la Policía Boliviana y la aprobaron acciones efectivas de prevención, con la activa participación de la sociedad civil, entidades públicas y privadas.
