LEY DE TRATO PREFERENTE GARANTIZA DERECHOS Y BENEFICIOS A LARGO PLAZO
La Paz, 24 de febrero (MC).- La aprobación de la Ley General de Trato Preferente para Personas con Discapacidad, por la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa, “representa la mayor conquista del sector, puesto que garantiza sus derechos y les otorga beneficios que mejorarán sus condiciones de vida y expectativas laborales a largo plazo”. Al destacar los aspectos relevantes de la norma, el diputado Roberto Rojas explicó que, por ejemplo, podrán acceder a microcréditos, fuentes de empleo, una renta solidaria y tendrán una participación activa en la implementación de programas educativos especiales y de rehabilitación.
LOS BENEFICIOS DE LA LEY CONSENSUADA
La Ley reclamada por las personas con capacidades diferentes fue consensuada con el diputado y uno de los portavoces del sector, Jaime Estívariz, recordó al respecto el diputado del MAS Edwin Tupa.
En dicha norma, el artículo primero establece, de manera general, los derechos y deberes de las personas con capacidades diferentes: en igualdad de condiciones y oportunidades, con un trato preferente y de protección integral, a fin de asegurarles una vida digna que les permita su inclusión social, atención médica oportuna, rehabilitación física y síquica. Sobre todo, se trata de su integración social, económica y profesional.
La Ley conquistada por los miembros de esta colectividad les otorga, asimismo, estímulos orientados a estrechar las desventajas que sus capacidades diferentes provocan en el desempeño de sus actividades.
A objeto de socializar la Ley General de Trato Preferente, los asambleístas enumeraron algunos de sus fines contenidos en el Capítulo Primero. Por ejemplo: la efectiva inclusión social por las entidades públicas, así como en las políticas sociales, culturales, en las estrategias destinadas a la prevención de causas que pudieran generar deficiencias o mayores grados de discapacidad.
Otro de los fines de la Ley señala que, a través de la misma, se propone políticas públicas en diferentes ámbitos: salud, educación, deporte, empleo y desarrollo económico. El objetivo es mejorar la calidad de vida de este sector hasta ahora desprotegido, reduciendo los índices de pobreza y reconociendo sus derechos y mejorando las oportunidades en todas las esferas de la vida, según la explicación ofrecida por los diputados que aprobaron la Ley.
