Canelas afirma que el impuestazo de febrero de 2003 desnudó el fracaso del neoliberalismo

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La Paz, 11 de febrero de 2019 (MC).- El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, aseguró este lunes que el impuestazo que en febrero de 2003 decretó el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa Gisbert desnudó el fracaso económico y político del modelo neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El impuestazo de 2003 mostró el fracaso económico del modelo: nunca llegó el desarrollo por goteo y el país terminó quebrado. También el fracaso político: el excluyente grupo dirigente, huérfano de apoyo social, provocó un enfrentamiento fratricida en la misma Plaza Murillo", escribió Canelas en su cuenta en Twitter.

El 9 de enero de 2003, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anunció su intención de confiscar parte de los salarios e ingresos de los trabajadores y empleados del sector público y privado en una proporción que iba desde el 4,2 al 12,1 por ciento, cita el portal Econoticias.

En su mensaje televisado a la nación, Sánchez de Lozada comunicó que “Bolivia marchaba al colapso si el Estado continuaba gastando más de lo que tiene”. El déficit fiscal del 2002 fue superior al 8,5% y para el 2003 se pretendía, bajo la presión del FMI, reducirlo a un poco más del 5%, recortando los gastos del Estado e incrementando sus ingresos a través de mayores contribuciones y sacrificios del sector laboral.

El gobierno de Sánchez de Lozada y Mesa Gisbert preveía que la confiscación de ingresos y otras medidas colaterales entrarán en vigencia una vez que el proyecto de Presupuesto General de la Nación del 2003 sea aprobado por el Congreso Nacional, donde el oficialismo contaba con la mayoría suficiente para legalizar lo que sectores populares y de oposición habían calificado como un nuevo atentado a la economía popular.

El mecanismo definido para la confiscación de salarios e ingresos era la eliminación del crédito fiscal que obtenían asalariados y empleados. Hasta entonces, estos sectores podían presentar facturas por un monto igual a sus obligaciones tributarias, y así evitaban transferir parte de sus ingresos al Estado.

En ese contexto, el 11 de febrero de 2003, se desató un motín policial contra ese 'impuestazo' que afectaba al salario de los trabajadores y que estaba destinado a cubrir el déficit fiscal de 8,9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB)

Ese hecho desencadenó, una lucha popular y generalizada en las calles de la Sede de Gobierno con el resultado trágico de 36 fallecidos, entre policías, militares, vecinos y estudiantes, además al menos 200 heridos.