Bolivia reclama en la OEA la liberación de los 9 compatriotas e invita a Chile a no desconocer la diplomacia

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 La Paz, 14 de junio (MC).- El canciller Fernando Huanacuni y el ministro de Justicia, Héctor Arce, pidieron, este miércoles, en representación del Estado Plurinacional, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la liberación de los nueve compatriotas detenidos el 19 de marzo en Chile, en el marco del respeto a los derechos humanos, el diálogo y la diplomacia. 

El presidente del Consejo Permanente de la OEA y representante Permanente de Bolivia, el embajador Diego Pary, convocó a una sesión ordinaria del Consejo Permanente para esta jornada a partir de las 10.30 en el Salón Libertador Simón Bolívar de esta organización internacional, con el objetivo de considerar, entre otros temas, la situación de los nueve bolivianos detenidos en Chile.

Huanacuni hizo mención de los principios en que se funda la Organización de Estados Americanos y las obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas como el procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre Estados miembros y promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural.

"En este contexto, es que hoy acudimos a la organización para poner en conocimiento de los países miembros y denunciar ante la comunidad internacional la injusta detención de nueve hermanos bolivianos: dos militares y siete servidores públicos de la Aduana Boliviana", denunció el jefe de la diplomacia boliviana.

Los militares Carlos Calle Solís y Alex Johnny Carvajal Uchani y los servidores públicos David Quenallata Laurel, Carl Luis Guachalla Rada, Juan José Tórrez Gonzales, Ediberto Raúl Flores Mamani, Arsenio Choque Gonzales, Brian Leandro Quenallata Méndez y Diego Guzmán Vásquez fueron detenidos el domingo 19 de marzo luego de frustrar en territorio boliviano el ingreso de camiones de contrabandistas que venían de Chile.  

"Permítanme informarles que en tiempos de plena democracia y a pesar de las convenciones aprobadas en esta organización, en el continente, pareciera que aún persisten actos discriminatorios y racistas ya sea por la identidad de las personas, por la forma de vestir o finalmente por la nacionalidad", aseguró.

"Las madres, padres y familiares de los detenidos tuvieron que trasladarse de Bolivia a Chile en diferentes oportunidades para visitarlos. Lo lamentable de ello es que en ese trajín, estas familias humildes fueron objeto de discriminación y racismo. Los familiares, sólo por su forma de vestir y nacionalidad, fueron sometidos a un minucioso escrutinio porque, según las autoridades, su vestimenta no era la adecuada. En otra oportunidad, una madre no pudo ingresar a visitar a su hijo porque llevaba una pollera, que es una falda originaria muy usada por las mujeres indígenas aymaras, recién fue autorizada a ingresar cuando se cambió toda la ropa. Hermano presidente, hoy venimos a este Consejo Permanente con vocación pacifista e interesados en construir puentes de diálogo y concertación de todos los países del AbyaYala. Venimos una vez más para extender la mano a un país vecino, a instarle a trabajar y sobre la base de la cooperación, la solidaridad y la complementariedad porque somos países hermanos, estaremos siempre juntos. Venimos, hermanas embajadoras y embajadores, a pedirles su apoyo  y decirles  que ya es tiempo que liberen a los nueve bolivianos injustamente detenidos en Chile", relató Huanacuni.      

El 22 de marzo, la jueza de garantías de Pozo Almonte, Chile, Isabela Peña, determinó la privación de libertad de los nueve bolivianos en el penal de Alto Hospicio en Iquique durante 120 días, plazo para la investigación del caso. Los compatriotas permanecen en territorio chileno con detención preventiva acusados por la supuesta comisión de los delitos de robo con intimidación y violencia, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando.

El reclamo no sólo se limitó al caso de los detenidos, sino también a los hechos ocurridos el 24 y el 28 de marzo, cuando periodistas bolivianos fueron retenidos y condicionados en los aeropuertos de Iquique y Santiago.

El ministro Arce Zaconeta argumentó que este llamado a Chile al diálogo lo efectúa apegado en el Artículo 24 de la Carta de la OEA que establece que “las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta”.

“En ese marco, Bolivia invita, una vez más a la República de Chile a entablar un diálogo abierto y sincero sobre el presente tema para que el mismo sea resuelto en la vía diplomática, la única vía disponible para resolver este tipo de incidentes. Bolivia le solicita a Chile que cumpla su obligación contenida en el artículo 24 de la Carta de la OEA”, enfatizó.

Arce explicó que Chile tiene que saber que aun, si pretende condenar injustamente a los bolivianos, este acto será “impugnado hasta las últimas consecuencias dentro del Derecho Internacional”. 

"Por otra parte, las supuestas víctimas son contrabandistas confesos que debido a la presión internacional ejercida por Bolivia fueron finalmente procesados en Chile justamente por el delito del contrabando. Dicho proceso increíblemente se activó recientemente a más de dos meses de los hechos. Dos meses transcurrieron sin que el Estado chileno haga absolutamente nada contra los contrabandistas, teniendo por otra parte a los funcionarios regulares y legítimos de un Estado encarcelados", dijo Arce.    

Dejó constancia que el Gobierno de Chile, al procesar a agentes de una nación soberana, permite que sus autoridades judiciales “implícitamente” pongan al Estado boliviano en el “banquillo del acusado”, pisoteando así el esencial principio del respeto a la “igualdad soberana de los Estados” establecido en Art. 2.1 de la Carta de Naciones Unidas. 

Sostuvo que las actuaciones de las autoridades del Gobierno de Chile son “arbitrarias, es decir al margen del derecho”, pues a su juicio, la propia Presidenta de Chile y su Canciller fueron quienes sentenciaron previamente y mandaron presos por adelantado a los funcionarios civiles y militares de Bolivia antes de estar frente a un juez, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, el principio del debido proceso y consecuentemente denigrando la honra y la dignidad de los nueve funcionarios bolivianos.

Además, se refirió a que el Gobierno de Chile ha actuado desconociendo el derecho internacional, violando los principios que rigen las relaciones de cooperación entre Estados e ignorando el principio de reciprocidad.

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